Los ministros de economía de la UE renuncian a aplicar la tasa digital hasta finales de 2020

EFE

  • El objetivo es paliar la diferencia que existe entre lo que pagan de impuesto de sociedades las plataformas digitales y las empresas tradicionales.

Reunión del Ecofin

Francia y Alemania propusieron este martes a sus socios de la Unión Europea que el impuesto europeo a los gigantes digitales se apruebe en diciembre, pero solo entre en vigor al final de 2020 si para entonces no hay una solución internacional en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Estamos listos para decir explícitamente que la directiva aprobada en diciembre solo será puesta en marcha al final de 2020, salvo si mientras tanto la OCDE ha sido capaz de adoptar su propia decisión internacional”, dijo el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, durante el primer debate formal de los ministros de Economía y Finanzas de la UE sobre la tasa.

Francia, impulsora de la medida, recogió así una idea planteada por Alemania en un intento de lograr antes del próximo diciembre la unanimidad entre los veintiocho Estados miembros que se necesita para sacar adelante la medida, a la que se oponen algunos países y sobre la que varios tienen dudas.

Según la propuesta sobre la mesa, esta tasa sería del 3 % sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas de Internet que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE, y se aplicaría de forma temporal.

El objetivo es paliar la disparidad que existe entre lo que pagan en concepto de impuesto de sociedades estas plataformas digitales (9,5 %) y las empresas tradicionales (23,2 %) mientras se busca una solución global definitiva para gravar estos nuevos modelos económicos.

Francia confía en que una adopción a nivel europeo en diciembre serviría, además, de “impulso político” a los trabajos en la OCDE, que tiene previsto presentar un informe al respecto en el verano de 2020.

La idea, sin embargo, parte de Alemania, que está dispuesta a aplicar el impuesto transitorio europeo si, “contrariamente a las expectativas”, para el verano de 2020 aún no hay una solución global que pueda aplicar la UE, según explicó este martes el ministro de Finanzas germano, Olaf Scholz.

Berlín, que en un principio impulsó la iniciativa junto a París, pide además a la Comisión que presente una propuesta revisada para que el impuesto se dirija claramente a los modelos de negocio “altamente digitales” y no grave la venta de datos de los usuarios, como prevé la actual.

El Gobierno respalda la introducción de la tasa

“En general, la UE apoya lograr un acuerdo a escala global, pero mientras esto no ocurre hay una mayoría de países que apoya avanzar hacia una solución transitoria a nivel europeo”, sintetizó la ministra de Economía española, Nadia Calviño, en la rueda de prensa al término de la reunión.

Durante el debate, Calviño reafirmó su respaldo a la introducción de la tasa, explicó a sus homólogos europeos que el impuesto aprobado por el Gobierno en España sigue el modelo planteado por Bruselas y confió en que la introducción de este tipo de gravamen también en el Reino Unido ponga “presión” para avanzar hacia un acuerdo en diciembre.

Además de España, Francia y Alemania, apoyan el impuesto Austria, Italia, Reino Unido, Grecia, Portugal, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Bélgica, Eslovaquia, Luxemburgo, Letonia, Polonia y Eslovenia.

Irlanda, Dinamarca, Suecia y Chipre se muestran contrarios

Tienen importantes reservas al respecto Finlandia, Países Bajos, Malta, República Checa y Lituania, mientras que Irlanda, Dinamarca, Suecia y Chipre declararon abiertamente que no pueden aceptar la propuesta.

Estos últimos cuatro países alegan, principalmente, que avanzar en solitario minaría la competitividad europea y podría llevar a Estados Unidos a reaccionar de modo negativo porque sus empresas serían las más afectadas, al tiempo que critican que grava la facturación en lugar de los beneficios y que generaría problemas de doble imposición.

Francia, valedora principal de la medida, argumenta que más que problemas técnicos existe falta de voluntad política e insiste en que la ausencia de decisiones en favor de la “justicia fiscal” llevará a una “sanción en las urnas” para los gobernantes y a un “puzle” legislativo en la UE por la existencia de impuestos digitales diferentes en cada país.

Por el momento, la presidencia austríaca ha apostado por la ambición y decidido abordar las cuestiones técnicas en las próximas semanas con el objetivo de que en diciembre la propuesta esté lista para una decisión política.

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